PROPUESTA
PARA EVALUAR SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA
CIUDADANA
PROPOSAL FOR
EVALUATING PUBLIC SERVICES AT THE LOCAL LEVEL FROM A CITIZEN'S
Melisa Victoria Cabrera García * https://orcid.org/0000-0003-4143-4924
José
Luis Rivera Velasco https://orcid.org/0000-0001-7564-8934
Universidad
Técnica Estatal de Quevedo, Los Ríos, Ecuador
*Autor para
dirigir correspondencia: mcabrerag3@uteq.edu.ec
Clasificación JEL:
I31, H75, M14
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7054477
Recibido: 05/05/2022
Aceptado: 01/09/2022
El
artículo presenta una propuesta de evaluación por parte de los actores
involucrados en el desarrollo del territorio a los servicios que ofrece el
gobierno local. Con el propósito de que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) municipales cuenten con un proceso de evaluación para
fortalecer el conjunto de procedimientos que conducen a la toma de decisiones
constantemente, de forma técnica y participativa, se propone la adopción de una
perspectiva instrumental que mide indicadores como una oportunidad para
analizar la implementación de la política pública. Se obtiene la construcción
de varios parámetros e indicadores que contribuyen al desarrollo local, diferenciando
dos tipos de usuarios: ciudadanía y empresarios. Así, el instrumento de
evaluación externo garantiza el retorno de información validada para orientar
los principios de la administración gubernamental. El primero compuesto por el
conjunto de los habitantes y sus contribuciones; y, el segundo por su presencia
y aporte económico en la generación del empleo, competitividad e innovación, a
lo que se añade el pago de impuestos y tasas fiscales que están normadas por la
ley. La metodología permite la reproducibilidad y la sostenibilidad de
iniciativas, que favorecerá el nivel de confianza en la gestión gubernamental,
donde la ciudadanía comunica sus expectativas en cuanto a los servicios que
recibe, haciéndolos partícipe de los asuntos públicos e influyente en la toma
de decisiones que afecta a su comunidad.
Palabras clave: administración
pública, desarrollo económico y social, responsabilidad social, ciudadanía, competencia
económica
Abstract
The article presents an
evaluation proposal by the actors involved in the development of the territory
to the services offered by the local government. In order for the municipal
Decentralized Autonomous Governments (GAD) to have an evaluation process to
strengthen the set of procedures that lead to decision-making constantly, in a
technical and participatory manner, it is proposed to adopt an instrumental perspective
that measures indicators as an opportunity to analyze the implementation of
public policy. The construction of several parameters and indicators that
contribute to local development is obtained, differentiating two types of
users: citizens and businessmen. Thus, the external evaluation instrument
guarantees the return of validated information to guide the principles of
government administration. The first composed of all the inhabitants and their
contributions; and, the second for its presence and economic contribution in
the generation of employment, competitiveness and innovation, to which is added
the payment of taxes and fiscal rates that are regulated by law. The
methodology allows the reproducibility and sustainability of initiatives, which
will favor the level of trust in government management, where citizens
communicate their expectations regarding the services they receive, making them
a participant in public affairs and influential in decision-making. affects
your community.
Keywords: public administration,
economic and social development, social responsibility, citizenship, economic
competition
Introducción
En
Ecuador la evaluación de la gestión de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a
escala local es realizada tácitamente
por la ciudadanía cuya exigibilidad se sostiene en la teoría de los
derechos humanos.1 La aprobación popular que pueda o no mantener la
autoridad en su jurisdicción durante su administración es la expresión libre y
democrática en respuesta a las acciones y decisiones correspondientes a sus
funciones y permanentemente los
habitantes de un territorio están evaluando a sus gobernantes. Así, la opinión
pública admite los logros y cuestiona los desaciertos abiertamente en los
respectivos espacios y desde la posición y experiencias propias la evaluación
queda implícita en los índices de aceptación, más no institucionalizada. La Ley Orgánica de
Participación Ciudadana2 contempla las fases de presupuesto
participativo, donde se involucra la ciudadanía estableciendo en orden de
prioridad los proyectos de inversión pública y con la rendición de cuentas las
autoridades informan acerca de su gestión a la población; ambas evaluaciones se
realizan con una periodicidad anual.
Vincular
la acción gubernamental al propósito que supone la institucionalidad, la de
asumir los procesos de evaluación y transparencia3 al convertir la
comunidad en un actor directo de la planificación, dotarla de un rol
predominantemente participativo para el aporte al desarrollo local, que se
asuman las lecciones cíclicamente con la incorporación del ente humano endógeno
es un desafío de las entidades al menos en lo que se refiere a las competencias
de los GAD. En
relación a la Planificación del Presupuesto, el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en el artículo 1
que el objeto:
“es
organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y
regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el
marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y
los derechos constitucionales”. 4
La Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, en su artículo 67, señala las características que tiene el
presupuesto participativo en relación a los planes de desarrollo, el debate
público sobre el uso de los recursos financieros que conlleva la redistribución
de las asignaciones, acto que se celebra por una sola vez al año. De acuerdo al
artículo 68 expresa que quienes asistan exponen sus prioridades, las que se
ejecutarán dentro del marco del Plan de Desarrollo propiciando la equidad
territorial y no tendrán otra ocasión para su pronunciamiento en ese periodo,
hasta que corresponda la rendición de cuentas.
La propuesta contempla que en las
páginas oficiales de los GAD se inserte un link a través del cual se utilice el
instrumento de evaluación de los indicadores propuestos, con la finalidad de
obtener estrategias que admitan mejores
procesos de redistribución de los ingresos orientados al bien común, en fechas
indistintas a la elaboración del presupuesto y de la rendición de cuentas para
obtener los insumos5 de la evaluación posteriormente a la ejecución
presupuesaria. Así la ciudadanía no solo recibe los servicios sino que adicionalmente
realiza la correspondiente devolución a la acción gubernamental.
El objetivo de este artículo consiste en diseñar
una propuesta para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
municipales puedan evaluar los niveles de satisfacción de sus servicios. Para
el diseño del instrumento se identifican elementos intrínsecos al desarrollo
local que aporten a la institucionalidad desde el punto de vista de los actores
beneficiarios a través de una valoración que repercute en la gestión pública,
clasificando a la ciudadanía en dos tipos,6 como contribuyentes y beneficiarios
para garantizar una evaluación integral.
Materiales y métodos
Se considera una
investigación cualitativa y se
utiliza el método deductivo para la estructuración de la investigación, en
tanto la experiencia en planes y proyectos de participación ciudadana se
refleja en la sustentación de la propuesta innovadora por las dimensiones que
se consolidan y se validan con la revisión teórica y entrevistas para el diseño
y por la retroalimentación que ofrece al proceso de evaluación, que la enfocan
como una oportunidad para definir insumos de las respuestas ciudadanas.
En este sentido la revisión
bibliográfica se utiliza para exponer los ámbitos de acción de acuerdo a la
competencia de la institución pública. Posteriormente se revisa la literatura
de desarrollo local que determina la importancia de obtener diversidad en la
representatividad de los actores. El objetivo es medir la satisfacción de la
ciudadanía acerca de los servicios que recibe en su territorio, por ende es
necesario que se argumente que esta información es pertinente en el ámbito del
desarrollo local, así como la sustentación para identificar las dimensiones que
se definen en la valoración.
Se realizaron
entrevistas a funcionarios públicos acerca de los insumos utilizados en los
mecanismos de evaluación que se implementan en la gestión pública y a
profesionales en el campo de acción, puntualmente para complementar la
información obtenida.
La evaluación
En el país la evaluación
institucional se refiere a la medición del cumplimiento de metas de los Planes
Operativos Anuales, lineamientos orientados a valorar la eficiencia y eficacia
de los recursos financieros de la inversión pública y es ejecutoriada por la
Secretaría Técnica Planifica Ecuador,7 adscrita a la Presidencia de
la República que entre sus funciones administra y coordina el Sistema Nacional
Descentralizado de Planificación. En el
artículo 88 y 89 se ampara el derecho ciudadano a ser informados de la gestión
de los fondos públicos y evaluar los resultados de la administración, es decir
que el pueblo en calidad de mandante y en el ejercicio de sus funciones de
transparencia y control social recibe el informe de lo ejecutado por las
autoridades de gobierno. Específicamente la gestión del desarrollo local se
evalúa institucionalmente como la ejecución de las funciones directivas, planificación,
organización, control y mando, orientadas a obtener un proyecto de desarrollo
que integre los recursos endógenos y exógenos.8
Existen muchos elementos que
influyen en la perspectiva que tiene la ciudadanía para emitir su grado de
satisfaccion respecto a la gestión de la calidad de los servicios publicos
ofrecidos; la evaluación se convierte en la herramienta que permite
perfeccionar el rendimiento de los directivos como equipo y la gestión de la
máxima autoridad.
El Instituto Nacional de
Estadística y Censos publica periódicamente los resultados obtenidos de la tabulación
de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, el levantamiento de
la información también contiene una interrogante relacionada a los servicios
ofrecidos, la pregunta en a ser formulada sería: En general, ¿cómo considera
usted que funcionan las instituciones que brindan servicios públicos en
Ecuador?.9
El grado de satisfacción que se
realiza a los usuarios de los servicios públicos, usualmente es consultado en
las oficinas de atención directa a la ciudadanía cuando acude por cuestiones de
índole burocrático. Esta evaluación ocurre con los servicios que implementa la
administración central a través de los ministerios; la atención en los GAD
comúnmente no es consultada al público. La evaluación considera necesario
documentar la información para analizarla y tomar decisiones. Es decir que el
criterio de los beneficiarios, si bien es importante y puede ser considerado un
insumo en la auotoevaluacion de los directivos, no es el único peso con el que
se debería contar en la institución para proyectar las mejoras.
Los actores en el territorio
En un territorio la organización está estructurada
implícitamente por las relaciones sociales y económicas que favorece la
cercanía y la confianza que brinda el entorno local, y donde se desarrollan
cambios y un sin número de elementos distintivos en relación a las actividades
y habilidades de los habitantes. En tal sentido, el autor Greffe expresa que:
“sí entendemos por desarrollo local un proceso
de desarrollo socio-económico local o territorialmente organizado, entonces la
cuestión más relevante y diferenciadora del territorio regional o local con
respecto al resto de regiones o localidades que conforman el conjunto del
territorio nacional, no será el contexto macroeconómico.”10
La diversidad de actores que interactúan en el
espacio local conoce los aspectos que concierne aprovechar positivamente y los
servicios cuyo potenciamiento es requerido para mejorar la competitividad
empresarial y la calidad de vida de forma sustentable. La Constitución de la República del Ecuador, de
acuerdo con el artículo
11.1 fundamenta: “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma
individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades
garantizarán su cumplimiento”3 y desde
la posición de los gestores de la gobernanza local en el ámbito público cuya
rectoría facultada por la misma la misma ley,
les confiere en su artículo 238 la autonomía política, administrativa y
financiera. Para el ejercicio de la autoridad
los objetivos donde se hace referencia a
las funciones directas de los GAD, específicamene en el artículo 2 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización se muestran en los
literales siguientes:
c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la
consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno en la administración de
sus circunscripciones territoriales con el fin de impulsar el desarrollo
nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación
alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos y
d) La organización territorial del Estado ecuatoriano
equitativa y solidaria, que compense las situaciones de injusticia y exclusión
existentes entre las circunscripciones territoriales.11
En concordancia con la
administración de los GAD la dependencia técnica en su auditoría interna está
regulada por la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado5 en lo descrito en el artículo 14 y es el ente que
efectúa el control de los recursos públicos. En la misma ley también se
desprenden los artículos 6 y 12, en los cuales se señalan las características
del control gubernamental “Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del
Estado”. El Objeto de la Ley en el artículo 1 se refiere a:
Establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría
General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del
Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y
evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones
del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes
públicos.
A nivel del GAD el grado de
implicación de la gestión pública, si bien se refleja en la generacion de
oportunidades y operatividad del presupuesto, así como la experiencia y
tecnicismo del equipo de directivos que presiden las principales funciones que
son conocidas por la ciudadanía como sustantivas e intrínsicas a la gestión
gubernamental de la entidad municipal, servicios locales de índole social, económica,
de infraestructura, cultura y deporte distribuidos de acuerdo a la estructura
orgánico funcional, se refleja en la administración evaluada institucionalmente
a traves del cumplimiento de metas.
El equipamiento y la canalización
de las obras, tales como la construcción y pavimentación de las calles,
alcantarillado, alumbrado público, aceras y bordillos se coordinan normalmente
a través del Departamento de Obras Públicas, que también ejecuta otras obras
visibles, como las medidas de mitigación del riesgo, usualmente para deslaves e
inundaciones en coordinación con la unidad de gestión de riesgos. En el
Departamento Social se articula la atención de asuntos de vital importancia
relacionados en gran medida con la infraestructura de salud, deporte y
recreación y en algunas municipalidades también el cultural. Este tipo de
servicios son demandados por la ciudadanía en general, quienes son los usuarios
y cuyos beneficios son sustanciales para
la organización, como el ornato y la elevación de los niveles de calidad de
vida de los residentes y visitantes de la ciudad.
El sector empresarial también
pertenece a la ciudadanía, tiene las mismas aspiraciones respecto a los
servicios. Como actor económico demanda la generación de condiciones
territoriales competitivas que favorezcan la innovación y sus actividades
productivas, las organizaciones solidarias y las iniciativas de colectivos
vulnerables, convenios que promuevan el intercambio de experiencias exitosas,
el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera y la adaptación de los
entornos a la dinamica global como parte de la agenda de desarrollo económico.12
Por su importancia para el dinamismo local sus aspiraciones y exigencias se
orientan en otro sentido.
De acuerdo a Vera la
capacitación es un factor que fomenta la
productividad del talento humano en la organización, y cuyo rubro en las
grandes empresas es poco significativo en comparación a los costos operativos,
por ende no involucra elevación del coste.13 En el caso de las de
menor tamaño, que en el país son más numerosas, si es un elemento determinante
para calcular los costos . En tal sentido el soporte dirigido a ésta área,
principalmente de las economías solidarias, representa una acción que promueve
la equidad territorial, así lo contempla, el numeral 6 del artículo 276 de la Constitución de la República del
Ecuador, el régimen de desarrollo tendrá los objetivos siguientes: “Promover un ordenamiento territorial equilibrado
y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales,
administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del
Estado”.
Los diferentes agentes
empresariales a través de sus canales de comercialización e intercambio han
obtenido redes relacionales14 basadas en la confianza, capaces de
consolidar las cadenas de valor y propiciar fuentes de empleo. La importancia
que asumen las empresas en atencion a la producción de bienes y servicios
vuelven atractivo a un territorio y por otro lado su contribución a través del
impuesto a la renta, entre otras tasas e impuestos son parte de las
asignaciones presupuestarias que se redistribuyen a toda la población. Existe
una gran cantidad de investigaciones que confirma la relación entre las
actividades económicas de emprendimiento y el crecimiento económico.15
A diferencia de los ciudadanos
del área urbana y del sector empresarial, quienes habitan el área rural no
tienen sus viviendas en un espacio geográfico concentrado y sus requerimientos,
acondicionamiento de las vías, alumbrado público, transporte, comunicación y
salud son cubiertos con menor
antelación, en tanto la accesibilidad es limitada por las distancias, la
dotación de ciertos servicios considera más recursos e insumos.16
Debido a las extensiones de las
vías y a su falta de cuidado, la frecuencia de vehículos de las cooperativas y
transporte comunitario y de los productores agrícolas también se ve afectada
por la escasa cantidad de personas que se movilizan y la implementación de los
materiales para mejorar el sistema de telecomunicaciones requiere más inversión
porque aumenta la dispersión de los consumidores donde no hay cobertura.
En consecuencia la eficiencia que
involucra las acciones habituales de este sector de la población está afectada
por estas singularidades que repercuten también en su calidad de vida. Los
atributos que destacan como ventaja o desventaja respecto a la persepción de
calidad de los servicios del territorio difiere por el contexto de su realidad,
la información recolectada tambien debe reflejar sus singularidades pues el
éxito de la interpretación de la representatividad depende de la
caracterización que destaque las diferencias del resto de ciudadanía para su
atención.17
El espacio rural tradicional
mayoritariamente es habitado por productores agrícolas que demandan servicios
de infraestructura que están relacionados estrechamente con su actividad
económica, caminos saca cosechas, sistema hidroagricolas, entre otros, quienes
normalmente son dueños de pequeñas extensiones de tierra, donde los cultivos
son utilizados para autoabastecerse , en cambio los destinados para la venta
no generan un margen considerable de
ganancias por los elevados costes de los insumos, la inexistencia de inversion
en tecnología, que permitan cuidar su cosecha y dar valor agregado a sus
productos. El no disponer de otros servicios que posee
como el resto de la población por vivir en lugares céntricos, los excluye de
los eslabones en las cadenas de valor que no están a su disposición,
capacidades innovadoras y acceso a ellas, contactos estratégicos, entre otros
aspectos, lo que ahonda las diferencias y fomenta la migración.18
Chaguay sostiene que los provedores de
alimentos de la ciudad son los pequeños agricultores quienes se encargan de generar una producción dirigida a
evitar una crisis, promoviendo una cultura alimentaria que incide sobre las
capacidades intelectuales. Al igual que todo empresario asume riesgos y requiere
financiamiento, una vez que inicia el ciclo de su producción, como ya se expuso
en los parrafos anteriores.19
El espacio donde comparten su tiempo de
esparcimiento, habitacional y de trabajo, presenta requerimientos y atención de
servicios públicos de infraestructura, pero además demanda atención de
servicios intangibles que promuevan mejores reglas de intercambio y la
conectividad tecnológica para fortalecer sus redes comerciales.20 La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con
el“estudio de la FAO establece tres líneas de acción para transformar el
sector agrícola positivamente, que abarcan desde políticas públicas hasta la
inversión en infraestructura que conecte los sectores rurales y urbanos de una
manera más efica”.21
Las
dimensiones que se deben considerar para medir la participación ciudadana
La inclusión va más
allá de participar como beneficiario, se trata de que las acciones
gubernamentales tengan en cuenta los problemas de cada unidad territorial a
través de una distribución desconcentrada de los recursos. Para ello es
necesario adoptar un enfoque objetivo que contenga la valoración del servicio
que conteste características generales del evaluador o beneficiario de la obra
o proyectos de inversión pública e identificar el estrato económico y su fuente
de información.
En su definición más
básica la inclusión significa que todos los miembros de una población tengan
las mismas oportunidades, para realizarse como personas por encima de su
condición, física, ideológica, económica u origen. Por ende, la población que
debe valorar los servicios básicos, de infraestructura, sociales y programas
son los beneficiarios directos, a quienes están destinados los recursos. La
metodología para el levantamiento contempla a la totalidad de los habitantes de
un cantón cuya edad sea de 16 años en adelante.
La competitividad se
expresa en el mercado de bienes y servicios y se percibe como resultado del
esfuerzo y de la inversión del sector empresarial, en el territorio que se ofrece
como atractivo para atraer capitales y empleo y es transferida, según Samuelson & Nordhaus “como bienes de
capital: carreteras, telecomunicaciones, hospitales, entre otros que conforman
una estructura económica productiva”.22 La competitividad como factor del sector
empresarial, que es parte del sector social y recibe los servicios de los GAD,
es el resultado positivo de elevar los esfuerzos empresariales a través de
minimizar costos para maximizar utilidades y mantener su cuota en el mercado,
entendida en esta propuesta como la capacidad de los mercados locales de
abastecerse de los servicios públicos burocráticos existentes y los que pudiera
implementar la entidad gubernamental para aportar al desarrollo de las
iniciativas de los emprendedores.
Los indicadores se
explican desde el espacio en el que prestan su utilidad y las preguntas se
clasifican de acuerdo a dos grandes grupos de usuarios. Posteriormente se
despliegan otros datos que configuren las características de interés para el
análisis. Si bien la categorización de algunos servicios es la misma para los
dos tipos de beneficiarios considerados, difieren en algunos aspectos, por ello
se presentan dos tablas con los respectivos índices y de la misma manera dos
encuestas distintas donde se desglosan las clasificaciones y detalles que las
diferencian.
La propuesta que se expone en
este artículo, es una encuesta de satisfacción para conocer la valoración por
parte de la ciudadanía de los servicios que han recibido durante el año en
curso, estos son prominentemente locales y cubiertos por las municipalidades,
no específicamente de la atención que reciben sino de la calidad del servicio
de cada área, incorpora parámetros orientados a fomentar la diversidad, el
cumplimiento y la innovación que apoyen las capacidades de quienes pertenecen
al territorio y fomentan el desarrollo local. Emprender
acciones para llevar a cabo la evaluación requiere métodos y herramientas para
medir y analizar la situación actual de cada ciudad, liderada por los
responsables de la planificación institucional, por lo tanto, la dimensión en
su aplicación está sujeta a la realidad de cada pueblo.
La planificación institucional
requiere de un liderazgo que garantice las aportaciones de los actores locales
y vincule la sociedad a través de las construcción de agendas que una vez
ejecutadas consideren la validación de los beneficiarios de los programas
cumplidos y la devolución a lo actuado, en base a criterios pertinentes.23
Por todo lo expuesto se plantea la formulación de
dos dimensiones, porque se consideran congruentes con el propósito empresarial
y con el bienestar de los habitantes, en tanto ambos grupos de evaluadores
muestran una perspectiva distinta en relación al tipo de servicio. Como se justificó
con anterioridad los beneficios están dirigidos a dos tipos de contribuyentes,
en calidad de ciudadano el espacio que utiliza es distinto a los servicios que
solicita como empresario. Bajo esta noción se presentan:
§
La inclusión, se propone que sea medida por todos los
ciudadanos.
§
La competitividad, es relevante que sea abordada por el
sector empresarial.
Resultados y discusión
Pozo,
Miró, Horch, & Cortacans exponen que la evaluación de los niveles de satisfacción que
se propone medir a través de dos instrumentos, son parte de un proceso de
mejora continua, la adopción de los resultados alcanzados en la presente
investigación definen parte del análisis para orientar programas y políticas de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, e incluir en un plan de acción la identificación de los aspectos positivos y
de los puntos débiles para potenciar los servicios eficientemente.24
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que es el camino por el que tienen que
transitar las entidades gubernamentales para resolver los problemas locales con
la participación efectiva de los ciudadanos y sustentada en una planificación
integradora y participativa.
La
vinculación entre el planeamiento, presupuesto y metas-objetivos constituyen
herramientas de gestión prospectivas que procuran, generalmente de una forma
determinística, alcanzar una situación deseada a través de acciones y
actividades. En muchas ocasiones, la planificación converge en una secuencia
lógica de objetivos, metas y acciones plasmadas en un documento que expresa
solo una carta de buenas intenciones, mientras que el presupuesto representa
las transacciones gubernamentales de los diferentes organismos realizadas en un
horizonte de tiempo.25
Hay que destacar que un
factor importante para la competitividad del territorio es la inversión en
educación, este aspecto no se ha tomado en cuenta ya que la encuesta se orienta
para los gobiernos autónomos descentralizados, principalmente para los de menor
tamaño, y la educación no forma parte de sus competencias.
Los hechos han demostrado que la razón principal
del fracaso de la implementación de muchos modelos de servicio local es la
falta de participación de la sociedad civil y los actores organizados en el
proceso de toma de decisiones. Por ello, uno de los aspectos más importantes
para lograr los objetivos de desarrollo establecidos localmente es la capacidad
de los gobiernos para tomar e implementar decisiones de manera incluyente,
competitiva y participativa.26
A partir de la realización de las entrevistas a
funcionarios públicos, que fueron consultados acerca de los instrumentos de
evaluación y de la participación ciudadana, en las fases de la planificación de
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y en la ejecución de las
obras y proyectos se obtiene la información que respalda la propuesta; en
tanto, no existe seguimiento por parte de la Secretaría de Planificación en la
cual involucre una vez que se ejecutan los programas a la ciudadanía como
beneficiario, con la finalidad de salvaguardar la calidad de los servicios (Ver
Tabla 1).
Tabla 1. Participación externa en la evaluación institucional
Institución Pública |
Evaluación al GAD |
Instrumento de evaluación |
Periodicidad |
Plataforma para el uso del GAD |
Tipo de evaluación |
Seguimiento ciudadano |
Secretaría de Planificación |
Institucional: |
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial |
Se establece mensual y anualmente |
SIGAD |
Interna |
no existe |
Fuente: elaboración propia
La propuesta considera que el instrumento sea
aplicado a través de un link con la encuesta, publicado en la página de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en tanto el ciudadano pueda acceder, y
sus resultados sean utilizados por la Secretaría de Planificación en las
diferentes fases como ente rector de la planificación a nivel nacional. Los indicadores para la medición de la
satisfacción del ciudadano se exponen en la Tabla 2 y el instrumento de evaluación a
través de encuesta en la Figura 1.
Tabla 2. Indicadores para la medición de encuesta a ciudadano
Dimensión: Inclusión |
Usuario: Ciudadano |
||
Servicio |
Indicador |
Área |
Medición |
Infraestructura |
Proporción de la población que accede al servicio |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Desarrollo Económico |
Proporción de la población que accede al servicio |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Desarrollo Social |
Proporción de la población que accede al servicio |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Participación Ciudadana |
Proporción de la población que participa de decisiones de carácter
público |
Rural |
Pregunta Objetiva |
Urbana |
Pregunta Objetiva |
||
Proporción de la población que se informa con frecuencia a través de
la página institucional |
Rural |
Pregunta Objetiva |
|
Urbana |
Pregunta Objetiva |
Fuente: elaboración propia
Figura 1. Encuesta dirigida al ciudadano
Fuente: elaboración propia
Los indicadores que
permitirán medir la satisfacción del sector empresarial con respecto a los
servicios recibidos por el GAD municipal constan en la Tabla 3 y la encuesta en la Figura 2.
Tabla 3. Indicadores para la medición de encuesta al sector
empresarial
Dimensión:
Competitividad |
Usuario: Empresario |
||
Servicio |
Indicador |
Área |
Medición |
Infraestructura |
Cantidad de empresas que accede al servicio |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Desarrollo Económico |
Cantidad de empresas que accede al servicio |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Administración |
Cantidad de empresas que recibe atención eficiente |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
||
Administración |
Cantidad de empresas que se ha beneficiado con convenios
interinstitucionales |
Rural |
Escala de valoración |
Urbana |
Escala de valoración |
Fuente: elaboración propia
Figura 2. Encuesta dirigida al sector empresarial
Fuente: elaboración propia
Conclusiones
Primeramente, la
participación de las personas en el presupuesto participativo y en la
elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), se
convierte en un medio de verificación de la asistencia y para el seguimiento de
la satisfacción ciudadana; en la investigación no se evidenció un proceso
institucionalizado en el seguimiento de las metas institucionales con la
diversidad de actores que aporten a la gestión información veraz por su grado
de implicación y conocimiento desde sus experiencias en su propio espacio.
Como segunda
conclusión, la propuesta ofrece una herramienta básica y funcional para medir
la eficiencia a la que se puede adherir la empresa para fortalecer la
estructura del instrumento. La dinámica local debe proveer la mayor cantidad de
servicios públicos y privados para generar empleo y robustecer las cadenas de
valor. Una participación alta del sector empresarial en la evaluación para el
fortalecimiento institucional del sector público consolida una administración
proactiva en la transformación de la economía.27
Como tercera conclusión, la valoración de los
ciudadanos en su rol evaluador y observador externo debe ser utilizada como eje
estratégico28 para garantizar la
priorización de los recursos públicos, ya que el control del desempeño de la
participación para los Gobiernos Autónomos Descentralizados no son parte de la
iniciativa del organismo y la instrumentalización de la evaluación es ejecutada
por un ente gubernamental central del sector público en todas las fases de la
evaluación.29
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Conflicto de intereses
Los autores declaran no
presentar conflictos de intereses
Contribución de los autores
·
Melisa Victoria Cabrera García. Conceptualización,
Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Software, Redacción:
revisión y edición.
·
Nivaldo Apolodines Vera
Valdiviezo. Conceptualización, Supervisión, Validación, Escritura-Borrador
original.
·
José Luis Rivera Velasco. Curación de datos, Recursos, Visualización,
Escritura-Borrador original.